Las Rosas Digital
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, comenzó a intimar a los familiares de los responsables de las recientes amenazas a establecimientos educativos. El objetivo de la medida es recuperar cerca de 200 millones de pesos que costaron los despliegues policiales preventivos originados por estas alertas.
Hasta el momento, la provincia despachó 39 notificaciones dirigidas a los tutores legales de los autores identificados en 32 hechos ocurridos en la región centro-norte del territorio santafesino.
La subsecretaria de Legal y Técnica del ministerio, Blanca Diakaki, explicó que la medida responde a una instrucción directa del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni. Se trata de una acción patrimonial y administrativa, paralela e independiente a la causa penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Cada operativo desplegado para asegurar las instituciones generó un gasto base de entre 5 y 6 millones de pesos. Sin embargo, Diakaki precisó que, dependiendo de la extensión geográfica y la cantidad de recursos movilizados, algunos despliegues superaron los 11 millones de pesos.
Gracias a las tareas de investigación, el MPA logró identificar hasta el momento a 73 personas vinculadas a las intimidaciones. Las autoridades provinciales advierten que exigirán el pago a los padres o responsables a cargo, sin importar la edad de quienes cometieron los actos.
Desde la cartera de Seguridad enfatizaron que el Estado busca garantizar la seguridad pública y al mismo tiempo proteger los recursos económicos de la provincia, recuperando el dinero invertido en estos falsos avisos. Actualmente, el gobierno provincial aguarda la información de la Fiscalía Regional 2 para avanzar con nuevas intimaciones correspondientes a otros puntos geográficos de la provincia.
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