Las Rosas Digital
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inició el proceso para cobrar los costos de los operativos de seguridad a los padres de los menores responsables de realizar falsas amenazas en escuelas. Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya se identificó a 73 autores de estas intimidaciones, de los cuales el 95 % son menores de edad.
La medida se enmarca en un protocolo vigente del Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual establece el reclamo económico directo contra los adultos responsables de los adolescentes involucrados en estos delitos.
Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional, confirmó la directiva impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La funcionaria detalló que cada despliegue de las fuerzas públicas genera un gasto para la provincia de entre 5 y 6 millones de pesos.
"No es broma, es un delito", remarcó Coudannes sobre la naturaleza de las llamadas. Asimismo, enfatizó que el Estado sostendrá las políticas educativas y de seguridad para garantizar que los establecimientos funcionen como espacios de aprendizaje y contención.
Hasta el 21 de abril, las autoridades santafesinas registraron 404 denuncias por amenazas a instituciones educativas. La Fiscalía Regional Nº 2 concentra la mayor cantidad de casos, con 238 expedientes, seguida por la Regional Nº 1 con 75 denuncias.
El avance de las investigaciones permitió a las fuerzas de seguridad concretar 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos del territorio provincial. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron 51 elementos vinculados a las causas, incluyendo teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido y municiones.
