Legisladores de ambas Cámaras votaron por unanimidad votaron la suspensión, además de la rebaja de su sueldo en un 50 por ciento y le vedaron el ingreso a cualquier oficina del MPA.
Provinciales06 de octubre de 2023
Las Rosas Digital
En una sesión conjunta entre el Senado y Diputados, se resolvió este jueves la suspensión provisoria –sin plazos– de la fiscal de Cañada de Gómez Gabriela Lescano, investigada por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
En julio, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación fue denunciada por montar una “oficina paralela” en una galería céntrica donde investigadores encontraron a una persona ajena al Poder Judicial con legajos de distintas investigaciones. Además de la suspensión, los legisladores le rebajaron el sueldo por la mitad y le vedaron el ingreso a cualquier oficina del MPA.
Este jueves, con la presencia de 40 diputados y 11 senadores, la suspensión de Lescano fue votada por unanimidad.
El abogado de la funcionaria ahora suspendida, Gustavo Feldman, se mostró crítico de la sanción y la comparó con una “pena anticipada” en lugar de una medida cautelar. “He acreditado que Lescano se encuentra en un estado e indefensión por un severo cuadro psicofísico; está documentado. Tanto es así que el Cuerpo médico forense de la Corte Suprema dispuso una licencia psiquiátrica por 60 días”, dijo en diálogo con el portal REC. Por ello, tildó de “sobreabundante” la suspensión.
A fines de junio, la fiscal de Casilda Marianela Luna solicitó un operativo en un local ubicado en la planta alta de la galería comercial "Mario", en Cañada de Gómez, donde había una oficina. La diligencia fue el corolario de múltiples denuncias hechas por jueces y abogados por el desempeño de la fiscal Lescano. En ese lugar se encontró a una persona ajena al Poder Judicial con legajos de distintas investigaciones.
A mediados del 2021, Lescano fue suspendida por 30 días sin goce de sueldo por el tribunal disciplinario por faltas graves. Según se conoció en ese momento, esta situación se dio en dos investigaciones y le atribuyeron “generar” que un imputado cambie de un defensor público a un privado para cerrar un abreviado y presentar dos acuerdos abreviados sin la conformidad del fiscal regional.
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