Las Rosas Digital
El Gobierno de Santa Fe comenzó a intimar formalmente a los padres de los alumnos que realizaron amenazas de bomba en distintas escuelas de la provincia, exigiéndoles el pago de los operativos de seguridad desplegados. Durante el fin de semana, se cursaron 11 notificaciones por un monto total que asciende a 36.018.361 pesos.
La medida administrativa y patrimonial busca recuperar los gastos estatales ocasionados por las falsas alarmas, que incluyen la movilización de recursos policiales, combustible, vehículos y brigadas de explosivos. Las intimaciones llegaron a domicilios ubicados en los departamentos de San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín.
Según detalló el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, los montos exigidos varían en función de los recursos afectados en cada intervención específica. En uno de los casos notificados por la Policía de Santa Fe, una familia recibió una deuda de 5.802.007 pesos.
"No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo", afirmó Cococcioni. El funcionario aclaró que esta acción constituye una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado, la cual avanza de forma independiente a cualquier sanción penal que le corresponda a los autores.
Las familias notificadas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para cancelar el monto exigido de manera voluntaria. Si el pago no se concreta en ese término, los antecedentes girarán a la Fiscalía de Estado para iniciar la ejecución de la deuda civil.
Esta instancia legal se ejecuta bajo las normativas del Código Civil y Comercial de Santa Fe, lo que facultará a la provincia a tomar medidas cautelares sobre los adultos responsables, como la inhibición de bienes o el embargo de sus sueldos.
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