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Así lo resolvió la jueza Sylvia Aramberri tras la presentación que hizo la ONG Usuarios y Consumidores de Rosario sobre el pésimo estado de seguridad que brinda el sector, en especial en el tramo que va de Carcarañá a Roldán. Tras una serie de quejas, que incluyeron la decisión de la intendencia de Carcarañá de suspender el cobro del peaje, el gobierno nacional anunció que los primeros días de marzo comenzarán las obras de refacción.
“Es un avance importante. El pedido de la jueza genera una presión fuerte para que hagan las obras. Van a tener que explicar qué empresas van a reparar, cómo y cuándo lo harán. No es una decisión que puedan tomar livianamente. Sino envían el informe, la Justicia lo decidirá”, dijo a El Ciudadano Juliana Ruchelli, abogada de la ONG.
En los primeros días de febrero, la ONG inició una demanda colectiva para solicitar mayor seguridad en la autopista. Una semana antes, la Defensoría del Pueblo provincial emitió un pedido en el mismo sentido tras advertir que aumentaron las denuncias por el “deplorable” estado del corredor. Por el sector circulan cientos de miles de vehículos al año y en los últimos meses se registraron gran cantidad de siniestros, algunos fatales, por las malas condiciones del asfalto.
El año pasado, la ONG intimó a los concesionarios para que reparen el tramo comprendido entre Carcarañá y Roldán, a la altura de los kilómetros 336 al 314. Enviaron una carta documento a la empresa Corredor Panamericano II SA, pero no obtuvieron respuestas. En diciembre lo reforzaron con un petitorio para el que juntaron más de 5 mil firmas en tres días.
Ante la negativa, redoblaron la apuesta y presentaron una acción colectiva que recayó en el Juzgado Federal N°1. La medida tiene como objetivo prevenir futuros accidentes. Pide que la justicia intervenga y ordene a la Dirección Nacional de Vialidad que repare, mantenga y señalice la trama para garantizar la seguridad de quienes la transitan a diario.
Este viernes la Sylvia Aramberri pidió a Vialidad Nacional que en las primeras horas del miércoles próximo presente un informe detallando qué empresas están a cargo de reparar y mantener la calzada.
“No se puede jugar con la seguridad de la gente. Ya reconocieron que la ruta estaba deplorable. Ahora tratamos de establecer cómo y cuándo hacer las obras para repararla. Sino presentan el informe, la justicia puede decidir sin ellos”, explicó Ruchelli, y aclaró que la medida representa a todos los usuarios de la autopista.
