
Por Isidoros Karderinis - Periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia.
Sobre blanqueo de capitales, que fue votado con el eufemismo de Ley de Sinceramiento Fiscal y con el edulcorante del reconocimiento de la deuda a los jubilados que se incluyó en el combo.
Opinión28 de julio de 2016Si un presidente le dijera en la cara a lo más selecto del establishment de su país que tienen dinero en negro, se armaría flor de escándalo.
Pero ningún escándalo se armó días atrás cuando Mauricio Macri arengó a unos mil hombres de negocios para que blanqueen sus fondos ilegales. Claro que no habló de ilícitos, ni de paraísos fiscales, ni de empresas offshore, ni de activos ocultos. Ni siquiera mencionó la palabra blanqueo. “Tenemos que sentirnos protagonistas. Tenemos que sentir que todos ponemos el hombro. Que todos sinceramos nuestra situación”, les dijo a los financistas y empresarios que colmaron el salón de la Bolsa de Comercio porteña para el festejo del aniversario de esa institución.
Con absoluta naturalidad, el Presidente y ese auditorio asumían que hay una situación inmoral que puede ser corregida poniendo el hombro como un aporte al país y sintiéndose orgulloso de ser protagonista. El uso de la primera persona del plural por parte de Macri podría tomarse como una confesión de parte, o concedérselo como un recurso retórico.
Sobre la inmoralidad del blanqueo ya se escribió mucho. Incluso en esta columna. Por ejemplo, se consignó que varios importantes funcionarios del actual gobierno se habían pronunciado en contra de blanqueos anteriores con argumentos éticos, como por ejemplo el mismísimo titular de la AFIP, Alberto Abad, los ministros Esteban Bullrich, Gustavo Lopetegui y Oscar Aguad, los legisladores Federico Pinedo y Eduardo Amadeo, y el embajador Martín Lousteau. El ministro Alfonso Prat-Gay también se refirió a la cuestión moral, cuando en la última Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas dijo que la tasa impositiva que van a pagar los que blanqueen es “la manera moral de equilibrar la cuestión de que algunos pagan y otros no”. Pagan y no pagan impuestos, se sobreentiende.
Pero además de cuestión moral, el blanqueo de capitales que fue votado con el eufemismo de Ley de Sinceramiento Fiscal y con el edulcorante del reconocimiento de la deuda a los jubilados que se incluyó en el combo, tiene una arista macroeconómica muy importante. Tanto, que corresponde entenderla.
El blanqueo fue diseñado en función de su objetivo fundamental, que es apuntalar las cuentas fiscales. A eso están destinadas tres de las cuatro alternativas: la exteriorización de dinero en efectivo u otros activos, y la suscripción de dos clases de títulos públicos. Solo la cuarta alternativa, colocación del dinero en un fondo común de inversión, sumaría recursos a la producción.
La primera de las alternativas genera ingresos fiscales en pesos. Los que la elijan pagarán un impuesto del 5 al 15 por ciento, dependiendo de los montos y del momento en que regularicen.
La segunda opción consiste en colocar el dinero blanqueado en un título público a tres años que no rinde interés, pero que exime del pago del impuesto. En este caso el fisco no recauda nada, pero el Gobierno se financia gratis por un plazo de tres años. La duración de tres años fue pensada para que la cancelación quede a cargo del actual gobierno de manera de despejar cualquier duda política que pueda generar otro presidente.
La tercera posibilidad es suscribir un título público a siete años que rinde un interés anual del 1 por ciento, que no puede ser vendido en los primeros cuatro años, y que tiene la particularidad de que habilita a blanquear el triple del monto que se suscribe. Similar al caso anterior, en este el gobierno obtiene financiamiento muy barato por un plazo de siete años.
El menú de alternativas fue pensado para satisfacer distintas lógicas de los individuos que tienen dinero en negro. La primera opción está dirigida a los que no quieren inmovilizar sus fondos suscribiendo títulos públicos, al costo de pagar el correspondiente impuesto.
Por el contrario, los títulos públicos apuntan a aquellas personas reacias a pagar el impuesto. Para explicar ese comportamiento, uno de los funcionarios responsables de armar la ingeniería financiera del blanqueo apeló a una analogía y contó que, en su larga experiencia en administrar patrimonios privados, aprendió que hay individuos que con tal de no pagar un abono mensual aceptan que se les cobre una comisión mayor por el rendimiento que el administrador obtiene, lo que termina costándole lo mismo o más a que si pagara un abono mensual en lugar de comisión. “A la gente que no quiere pagar el impuesto por blanquear le damos la opción de quedarse con todo su dinero suscribiendo un bono, aunque desde el punto de vista financiero es más o menos lo mismo”.
El título público a siete años está destinado a las personas que tienen aversión al riesgo argentino, es decir que no quieren ser acreedoras del Estado. Lo que se les ofrece es suscribir solo un tercio de lo que blanquean y hacer lo que quieran con el resto, pero al costo de inmovilizar los títulos públicos por un plazo mayor.
Todo el esquema fue originalmente pergeñado con la premisa de que las alternativas fueran financieramente equivalentes, aunque satisfaciendo distintas idiosincrasias.
Pero parece que esa premisa falló. Los funcionarios que participaron de las reuniones informativas y de intercambio que se realizaron con los ejecutivos de los principales estudios tributarios del país, advirtieron una clara preferencia por el bono a siete años. Por esa razón, en la reglamentación de la ley que está a punto de conocerse se establecería un tope para la suscripción de ese bono.
La cuarta alternativa disponible para que quienes evadieron blanqueen, es la única que arrimaría recursos para la economía real. Consiste en adquirir cuotas parte de fondos comunes cuyo objeto sea la inversión en proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, etcétera.
Aunque en las últimas semanas se niegan a hablar de montos, los funcionarios que están ultimando los detalles de la reglamentación no disimulan su optimismo. Dan a entender que el piso de 20.000 millones de dólares que en su momento mencionó Alfonso Prat-Gay va a ser superado con holgura.
Si así ocurriera, quedará demostrado que el macrismo genera confianza en aquellos que acumularon riqueza en negro.
Fuente: Revista Veintitres - http://www.veintitres.com.ar/article/details/76821/guia-moral-y-practica-del-blanqueo
Por Isidoros Karderinis - Periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia.
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