Las Rosas Digital
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha logrado un avance significativo en la modernización estatal con el nuevo Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec). Desde su puesta en funcionamiento el pasado 25 de agosto, este organismo, el primero 100 % digital de la región, ya ha procesado más de 9.000 trámites, marcando un cambio de paradigma en la administración pública santafesina.
Este nuevo esquema surge de la necesidad de agilizar la burocracia y reducir costos para los ciudadanos. La iniciativa se concretó tras la sanción de la Ley Provincial Nº 14.276, que permitió unificar los cinco registros públicos de comercio —anteriormente dependientes del Poder Judicial— con la Inspección General de Personas Jurídicas, centralizando todo bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
El objetivo central es la eficiencia. Fabián Bastia, ministro de Gobierno e Innovación Pública, subrayó que estas reformas buscan el ahorro de costos y la reducción de tiempos. El funcionario fue contundente respecto al futuro de la gestión: “A partir del 1° de julio de 2026, no va a existir más el Estado colonial, el del papel, porque pasamos a un Estado 100 % digital”.
Por su parte, Roberto Ryan, subsecretario del área, explicó que durante más de cinco décadas existió una duplicidad de gestiones que generaba demoras logísticas y disparidad de criterios. “La unificación lograda a través del Rpjec marca un hecho histórico en la provincia”, afirmó Ryan, destacando el uso de la plataforma Timbó para la digitalización total.
La implementación de este sistema, conocido como Territorio 5.0, facilita la interacción con asociaciones civiles, fundaciones y el sector privado. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros, destacó que esta transformación permite una relación “ágil y transparente” con las entidades.
Actualmente, el sistema ofrece más de un centenar de gestiones, incluyendo la inscripción de empresas, presentación de balances y rúbrica de libros de comercio. Esto elimina la doble inscripción para sociedades anónimas y optimiza la atención al público, cumpliendo con el mandato de reformar la Administración Pública para hacerla más eficiente y democrática.
