“El derecho al acceso a la información es del pueblo y no del gobierno", fue un argumento central por el cual la Corte Suprema de la Nación ordenó el 10 de noviembre de 2015  que el contrato entre YPF-Chevron se hiciera público. Para ubicarnos se trata de información que tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y como el de Mauricio Macri después, aunque con distintas razones, intentaron firmemente que se mantuviera en secreto.

La firma del acuerdo tuvo toda la pompa de las grandes ocasiones. El gobierno de CFK precisaba dar un shock de confianza política y económica y el contrato para explotar Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo con el gigante americano Chevron venía justo para la ocasión.

En septiembre de 2013 el entonces senador nacional Rubén Giustiniani envió una nota dirigida al entonces CEO de YPF, Miguel Galuccio, solicitando que se enviara al Congreso copia del convenio que se había firmado en julio de ese año, pero se encontró con respuesta que negaba esa entrega del contrato porque al ser la empresa una sociedad anónima no tenía obligación. El legislador recurre entonces a la Justicia, y empieza un ida y vuelta judicial que llegó al fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado para concluir este viernes 7 de octubre último, cuando 330 días después se entrega una copia del original que está en inglés y una traducción oficial al castellano.

El diputado provincial y ex senador nacional, Rubén Giustiniani, expresó este mar que “finalmente tenemos en nuestras manos el contrato YPF-Chevrón. Y en principio lo que vemos es que hay un entramado entre empresas constituídas en paraísos fiscales, que apuntan a licuar responsabilidades y opacar el proceso“, explicó en conferencia de prensa.

“Todo el contrato es entre una prestamista, que es una subsidiaria off shore de Chevron, radicada en las Bermudas, a un tomador, que es una off shore de YPF ubicada en el estado de Delaware en EEUU. De esa manera llega el dinero hacia una SRL,en el país, a quien YPF le cedió el 50% de la explotación de Vaca Muerta”, añadió.

“Además, el contrato está en idioma inglés y se rige bajo las leyes de Nueva York y ante un diferendo va a actuar un Tribunal Arbitral que es la Corte de Comercio de París, y ya sabemos lo que sucede cuando se entrega soberanía: lo padecimos con los fondos buitre recientemente”, agregó el diputado.

El periodista Jorge Sansó de Lamadrid escribe en La Capital que ahora se sabe porque “no sólo los kirchneristas buscaron proteger su secreto sino que el macrismo cuando ascendió al poder y pese a que en campaña mantuvo un reclamo contrario se sumó a la misma conducta”. Es que si “se investiga a fondo podría ser tanto o más grave que el célebre escándalo con los contratos de Petrobras que le costaron la caída a Dilma Rousseff del gobierno brasileño”.

En resúmen lo que hay “no es un convenio entre una empresa estatal YPF y una par multinacional como es Chevron (la que por cierto no aparece en ninguna lado prima facie, con lo que si hacen el desastre que hicieran en Ecuador no tendrían responsabilidad ninguna), lo que hay es un préstamo entre dos empresas offshore”.

A su vez Giustiniani subrayó también la posibilidad de una presunta evasión tributaria, ya que las sociedades offshore en general tienen un objetivo que es evadir impuestos. "Acá hay un entramado curioso de ese tipo de asociaciones, que arrancan en el Estado de Delaware, pasa por Bermudas, sigue por Uruguay y termina en Argentina". Entonces “el primer interrogante es si acá existe un perjuicio a la tributación, a los impuestos que pagamos todos los argentinos y todas las empresas del país", añadió.

Además, el diputado provincial destacó que "es un contrato que en realidad no fue firmado por YPF y Chevron, sino por dos offshore de ambas empresas. Donde por 35 años, YPF le cede el 50% de Vaca Muerta a Chevron, pero por toda esa estructuración de empresas armadas en el extranjero, Chevron no aparece nunca en la Argentina".

Añadió que “esta maraña de sociedades off shore licua las responsabilidades y hace muy oscuro todo el proceso y nosotros necesitamos que sea transparente, sobre todo cuando hablamos del petróleo y el gas, porque esto después se traduce en tarifas y precios de los servicios“.

“Este es un triunfo del derecho al acceso a la información, que el 10 de noviembre pasado la Corte haya fallado y que 330 días -después de que se entregó un contrato tachado ocultando las claúsulas más cuestionables-, hoy podamos exhibirlo a la sociedad”, manifiesta Giustiniani.