Hoy el Congreso Nacional tiene algunos proyectos que dejan en evidencia el mal funcionamiento del Estado durante décadas y buscan legislar en consecuencia. El de Aníbal Fernández reconoce en sus considerando el fracaso de la política criminal que ha invertido más tiempo en perseguir al consumidor -el más débil en la pirámide-, que a los verdaderos narcotraficantes, vale decirlo, socios de muchos otros actores del negocio. El de la diputada Victoria Donda quiere penar a quienes negocian con el tráfico, eliminando castigos por consumo o tenencia de cualquier tipo de estupefaciente.
Entre ellos se diferencian en que así como el de la legisladora del FAP, que llevó como candidato a presidente a Hermes Binner en 2011, solo se definirá exclusivamente sobre consumo y comercialización, el del verborrágico senador mantiene la “tenencia simple” sin definir el límite de gramos.
La periodista Olivia Sohr investigó detalladamente los procesos en que tuvo intervención la justicia el año pasado. La mitad fue por consumo, y solo el 2% de las causas iniciadas por tenencia simple (17% del total) y comercio (34%) obtuvieron condena. En el mismo informe explica que 3 de cada 10 causas son por comercialización; de ellas un tercio llega a juicio y solo el 20% tiene condena. Por su parte, de los 6000 consumidores procesados, únicamente el 4% son condenados.
Si nos damos una vuelta por el primer mundo notaremos que la mayoría de los países europeos no criminaliza al “usuario” con posesión de pequeñas cantidades. Sí distinguen las drogas débiles y fuertes.
Regresemos al debate para preguntarnos quiénes se oponen fuertemente a la despenalización. Todos los que lucran con este “negocio” (alcanza con escuchar a los jueces Otto Crippa García y Laura Inés Cosidoy sobre convivencia policial); además de la iglesia, que en este tema sintetiza a muchos vecinos: todos aquellos que se consideran nocivos para sus estilos de vida, deben transformarlos en enemigos (los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos).
La estrategia preferida por los detractores para avalar su postura radica en, como mínimo, un desconocimiento de los proyectos, y como máximo, en una mentira. Se intenta confundir a la sociedad declarando que con esta ley se permitirá la libre venta, así como quién pone una despensa o un kiosco. Eso podría ser parte de otra discusión; la de hoy es simplemente identificar al consumidor con un estilo de vida determinado o como un enfermo. El Estado poco ha hecho para curarlos, y menos aún para que no tengan la necesidad de llegar a ese mundo ficticio que lo aleja del real y sus problemas.
Las condiciones para rehabilitar a los adictos serán iguales, mejores o peores a las actuales, pero no cambiarán por esta ley. Ellos dejarán de ser considerados delincuentes, sí lo seguirán siendo los “dueños del negocio”.
Puedo decirlo desde la lejanía de jamás haber encendido un porro –lo más parecido fue cigarrillo Marlboro después de una copa de vino o champagne–. Si usted está en mi misma situación y algún día se le antoja fumar uno por voluntad propia y sin poner en riesgo la salud de terceros, ¿considera razonable ser catalogado como “delincuente”? Si sigue pensando afirmativamente, vuelva al primer párrafo y lea nuevamente el Artículo 19 de la Constitución Nacional.
César Negri – [email protected] – @cesarnegri18
Pato Fontanet escribió en el año 2003 “Imposible”. ¿Imposible realmente? http://www.youtube.com/watch?v=IFTyTVmKNeE
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