
Las Rosas tendrá un concejal menos en el recinto
Las Rosas Digital
El Concejo Deliberante de Las Rosas experimentará una modificación histórica en su estructura organizativa: a partir de la próxima conformación legislativa, la ciudad contará con un concejal menos. La medida, derivada de los recientes ajustes en la proporción institucional y poblacional de la provincia de Santa Fe, obliga a reconfigurar el escenario político local.
Esta alteración en el número de bancas responde a la aplicación de nuevas normativas que regularán la representación legislativa de los municipios. No está claro como será el proceso hasta esta situación.
Puntos más destacados que cambian el mapa político y administrativo de nuestras localidades
El Senado dio luz verde al nuevo marco que regula el funcionamiento institucional de los municipios. La norma funcionará como regla general y también como esquema supletorio para aquellas ciudades que dicten su propia carta orgánica.
Ejecutivo y mandatos: Las intendencias tendrán mandatos de cuatro años con opción a una sola reelección consecutiva. La ley no contempla la figura del viceintendente por defecto; su creación dependerá de lo que disponga cada ciudad en su carta orgánica.
Renovación de los Concejos: El número de bancas se ajustará a la cantidad de habitantes, salvo en Rosario y Santa Fe que mantienen su esquema actual. Los ediles durarán cuatro años en sus bancas, y se renuevan todas juntas con una reelección permitida. En localidades con más de 20.000 habitantes, el concejo se renovará por mitades cada dos años.
Rol en la Seguridad: Los municipios sumarán competencias en planificación urbana, ambiente y salud. Sin embargo, en materia de seguridad, su accionar se limitará exclusivamente a la prevención social y el monitoreo. La seguridad pública y el uso de la fuerza seguirán en manos de la provincia.
Finanzas y Fondo Educativo: Se imponen normas de responsabilidad fiscal, control de contrataciones y topes al endeudamiento. Un dato central: los municipios quedan obligados a destinar al menos el 10% de sus rentas anuales al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y a cultura.
Participación ciudadana y control: Se incorporan herramientas de peso para los vecinos, como la iniciativa popular, el referéndum vinculante, la revocatoria de mandato y el presupuesto participativo. A la par, se exige crear órganos de control externo y garantizar el acceso a la información.
Transiciones ordenadas: Se termina el margen para las sorpresas de último minuto. La ley crea una mesa de transición obligatoria entre gestiones salientes y entrantes, obligando a entregar la información detallada del estado administrativo y limitando las decisiones que comprometan a la futura gestión.
Trabajo regional: Se fomenta la creación de áreas metropolitanas y regiones para coordinar políticas públicas y obras conjuntas entre localidades vecinas. Se suma además el funcionamiento de una justicia municipal de faltas para las ordenanzas locales.


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