Imputaron a un hombre por sustraer caudales públicos, y justificar el desvío de esos fondos en razón de su cargo

En una audiencia imputativa celebrada este martes en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, se dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de seis meses para P.M., de 39 años, quien se desempeñaba como Jefe de la Sección N.º 3 "Las Rosas" de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas". La medida fue dispuesta por el Juez de primera instancia, Dr. Lanfranco Pari, tras la solicitud del Fiscal Dr. Franco Miatello, quien investiga una defraudación millonaria al Estado provincial mediante el robo de combustible.

La maniobra con el combustible

Según lo expuesto por la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2025. El imputado, valiéndose de su cargo y teniendo bajo su responsabilidad la administración de los recursos de la seccional, utilizó de manera ilegítima las tarjetas de débito "Visa Flota". Estas herramientas, provistas por el Estado Provincial, tienen como fin exclusivo la carga de combustible para los móviles oficiales y deben permanecer en los vehículos, según la normativa vigente.

La investigación reveló que el funcionario policial realizó múltiples cargas de combustible que nunca ingresaron a los patrulleros ni se utilizaron para el servicio de seguridad. De esta forma, simuló transacciones para sustraer caudales públicos, generando una "efectiva separación del bien de la esfera de tenencia de la Administración".

Un perjuicio millonario al estado

El Fiscal Miatello detalló que el accionar de P.M. provocó un daño económico a la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe estimado en $2.790.000 pesos. La acusación sostiene que el imputado abusó de la confianza depositada en él por su función, logrando que el Estado autorizara pagos por consumos que no correspondían a prestaciones reales.

Para encubrir el desvío de fondos, el exjefe policial habría falsificado documentos oficiales. Se le atribuye haber insertado declaraciones falsas en las actas de rendición y fiscalización de combustible correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025. En dichos documentos, consignó datos erróneos sobre el kilometraje de los móviles de la Sección para justificar el consumo inexistente y ocultar la sustracción del dinero.

La resolución judicial

Tras escuchar a las partes, el Juez Lanfranco Pari formalizó la audiencia y avaló la calificación legal presentada por la Fiscalía: peculado de caudales públicos en concurso real con defraudación agravada e falsedad ideológica en grado consumado, en calidad de autor.

El magistrado ordenó la prisión preventiva efectiva por un plazo de seis meses. Una vez vencido este período, la Fiscalía tendrá la facultad de solicitar una prórroga si la investigación o los riesgos procesales así lo requieren.