Las Rosas Digital
Las falsas amenazas enviadas a instituciones educativas sean para seguir desafios de redes sociales, para suspender clases o evitar exámenes conllevan graves consecuencias penales en Argentina. Lejos de ser consideradas una simple travesura estudiantil, estas acciones encuadran en el delito de intimidación pública y prevén penas de prisión, ya que movilizan recursos estatales y alteran el orden social.
El abogado penalista Ulises Bonetto explicó que estas conductas no son tomadas a la ligera por la Justicia. Según el especialista, enviar un mensaje anónimo de amenaza a una escuela se cataloga, como mínimo, bajo el delito de amenazas, estipulado en el artículo 149 bis del Código Penal.
Sin embargo, cuando el contenido implica un riesgo para una colectividad, la situación se agrava. "Esa norma sanciona a quien infunde temor público o provoca desórdenes, aunque el hecho sea falso. Es decir: aunque no exista una bomba ni intención real de concretarla, el delito se configura igual", detalló Bonetto.
La intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad cambia la escala del problema. Cuando un mensaje anónimo genera la evacuación de un edificio, la suspensión de actividades y la movilización de la policía, el caso suele escalar. En este escenario, la imputación típica pasa a ser intimidación pública, un delito que contempla penas que van desde los 2 hasta los 6 años de prisión.
Bonetto aclaró que, si bien la figura de terrorismo existe en la legislación nacional, su aplicación es restrictiva y no suele utilizarse en casos escolares, aunque la calificación inicial se endurece significativamente y deriva en antecedentes penales.
La diferencia central entre una amenaza individual y una masiva radica en el bien jurídico protegido. Mientras que una amenaza personal afecta la tranquilidad de un individuo, un mensaje dirigido a una comunidad educativa vulnera la seguridad pública. Esto transforma un conflicto privado en un problema que demanda una respuesta integral del Estado.
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