Las Rosas Digital
La Cámara de Diputados sancionó recientemente una reforma a la Ley de Glaciares que flexibiliza la protección de las reservas de agua dulce para habilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros. En respuesta a esta medida legislativa, Greenpeace y diversas organizaciones ambientales lanzaron una demanda colectiva para solicitar la inconstitucionalidad de la normativa ante la Justicia.
La campaña, centralizada en la plataforma digital oficial de las organizaciones, busca reunir un millón de adhesiones ciudadanas para fortalecer la presentación legal. Según los impulsores, la modificación legislativa compromete el abastecimiento hídrico de siete millones de personas y afecta a los ecosistemas que dependen del ambiente periglacial.
Los referentes de la acción judicial argumentan que el proceso en el Congreso desoyó las posturas de más de 102.000 ciudadanos inscriptos en audiencias públicas y limitó las instancias de participación ciudadana formal. Además, señalan que el nuevo marco legal vulnera principios precautorios y normativas internacionales vigentes.
El sector oficialista y los representantes de la industria minera defendieron la reforma durante el debate legislativo como un mecanismo necesario para atraer inversiones y reactivar las economías regionales. Argumentan que la normativa anterior representaba un bloqueo para la actividad productiva.
Por el contrario, desde el sector ambiental insisten en que permitir operaciones extractivas en estas zonas acelera el estrés hídrico y pone en riesgo recursos estratégicos a largo plazo. La adhesión ciudadana a esta demanda no genera obligaciones legales para los firmantes, pero funciona como un respaldo social directo al litigio que busca revertir la votación parlamentaria.
Quien quiera sumarse puede hacerlo en www.demandacolectivaglaciares.org
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