Terminó una etapa histórica en la provincia de Santa Fe: la reforma constitucional ya tiene definido un corpus, con dictámenes de mayoría de las cinco comisiones temáticas de la Convención Constituyente. Estos dictámenes serán el marco para nuevos enunciados que se sumarán a la Carta Magna provincial, tras 62 años sin reformas.
Los cambios más relevantes incluyen la limitación a una sola reelección para todos los cargos ejecutivos y legislativos, incluida la posibilidad para el gobernador Pullaro de postularse nuevamente. El sistema de mayoría automática en Diputados se elimina, reemplazado por el reparto puro D'Hondt, lo que favorecerá la representación plural y el diálogo político.
En el Poder Ejecutivo, además de la reelección limitada, ya no se podrán dictar decretos de necesidad y urgencia ni otorgar facultades delegadas, promoviendo acuerdos legislativos para avanzar en políticas públicas.
Una transformación fundamental ocurre en la Justicia: la Corte Suprema estará compuesta por siete miembros, con cese a los 75 años. Se crea un Ministerio Público autónomo, con divisiones independientes para la persecución penal y la defensa pública. Fiscales y defensores tendrán mandatos de 5 años, renovables una vez, y la designación de jueces funcionará vía concursos públicos y transparentes. El Ejecutivo mantendrá un rol clave en las nominaciones, pero con la participación ciudadana como nuevo eje selectivo. El juzgamiento de magistrados se realizará en tribunales ad hoc, integrados tanto por políticos como por expertos, reforzando controles y autonomía.
En el ámbito municipal, todas las localidades pasarán a ser municipios con autonomía plena. Las de más de 10.000 habitantes podrán dictar sus propias cartas orgánicas mediante convenciones electas, y se crean áreas metropolitanas institucionalizadas para cooperación entre municipios. La regla fiscal municipalista garantiza que toda transferencia de competencias desde la provincia incluya recursos, y se define una futura ley de coparticipación basada en criterios transparentes y explícitos.
El paquete de reforma suma modernos mecanismos de participación ciudadana en la gestión estatal: iniciativa popular, referéndum vinculante, consulta popular y revocatoria de mandatos, junto a audiencias públicas obligatorias para leyes de ambiente y servicios públicos. Se establecen cláusulas de ética pública, control democrático, y profesionalización de la seguridad, además de estrictas reglas de responsabilidad fiscal y tributaria.
En el capítulo de derechos y garantías, se proclama la separación Iglesia-Estado y el refuerzo de la libertad de expresión. Se consagran nuevos derechos digitales, ambientales y de consumidores: conectividad universal, privacidad, transparencia algorítmica, acceso al agua potable, justicia ambiental y derechos de los usuarios. Se robustecen las acciones constitucionales, con enfoques expeditivos y colectivos, y se garantizan derechos reforzados para víctimas. Además, se incorpora la desconexión digital y medidas laborales modernas, así como acciones positivas para la inclusión social.
En conclusión, la nueva Constitución de Santa Fe representa un eje de equilibrio institucional renovado: más autonomía municipal, participación social y derechos de tercera generación ponen a la provincia a la vanguardia nacional en materia constitucional, abriendo el desafío de convertir los nuevos principios en realidades cotidianas.
