Rosario: Intervienen Unidad Regional II de Policía de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe intervino la Unidad Regional II (URII) de la Policía, con asiento en Rosario, tras una investigación que derivó en 38 allanamientos y la detención de 17 personas, de las cuales 13 son efectivos policiales. La causa investiga la malversación de caudales públicos en el área de combustible de la repartición.

Así lo anunciaron este lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, en una conferencia de prensa. La investigación, llevada adelante por la Oficina de Violencia Institucional del MPA y la Subsecretaría de Control Policial, se extendió por casi un año y buscó desarticular "maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública", según precisaron los fiscales.

El ministro Cococcioni destacó el "compromiso inamovible" del gobierno provincial "con la seguridad y contra la corrupción institucional". Aseguró que la intervención de la URII ya está en curso, con la puesta en funciones del Director General retirado -ahora reincorporado- Claudio Romano como interventor por un período inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga. Asimismo, se ordenó una auditoría integral de gestión, con énfasis en logística y controles de combustible, y se decidió el desplazamiento del Jefe de la Unidad Regional, quien quedó a disposición del Jefe de Policía.

Detalles de la Investigación y Allanamientos

El fiscal Matías Merlo informó sobre los 38 allanamientos realizados este lunes, señalando que la mitad de ellos aún continuaban al momento de la conferencia. Confirmó que hay 17 personas detenidas: 4 civiles y 13 policías. "Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado", afirmó Merlo, detallando que la maniobra adquirió un volumen mayor con el aumento de la flota policial en calle, ya que esto implicaba mayor consumo de combustible y, por ende, más posibilidades para la desviación de fondos.

Por su parte, el fiscal José Luis Caterina, a cargo directo de la investigación, reveló que todo se originó a partir de una denuncia anónima recibida por correo postal. Estimó que la malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos mensuales, dentro de un presupuesto mensual total de aproximadamente 380 millones de pesos que la URII destina a carga de combustible. Caterina señaló que una estación de servicio en particular y sus propietarios están "seriamente comprometidos" en la causa. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII, aunque aclaró que ni el jefe ni el subjefe de la unidad están involucrados. Entre los secuestros realizados, se destacan alrededor de 300 tarjetas Visa Flota halladas en domicilios particulares, las cuales deberían estar en posesión de los choferes de los móviles policiales para la carga de combustible.

El ministro Cococcioni fue enfático: "No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad. Cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo".

Firmeza contra la Corrupción

El ministro Cococcioni fue enfático al afirmar que "no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad". Subrayó la necesidad de garantizar que "cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo". Concluyó remarcando la gravedad de la situación y la necesidad de ejemplaridad en la función pública, reafirmando la postura del Gobierno provincial contra la corrupción institucional.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, y el subsecretario de Control Policial, Lucas Covacich.