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El gobierno nacional avanza con una fuerte reestructuración del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a través de un decreto que podría quitarle su independencia política y autarquía económica, características fundamentales de su ley de creación.
Este cambio implicaría una modificación profunda en la gobernanza del Inta y en la disponibilidad de sus fondos. Alejandro Longo, director regional del INTA Santa Fe, advierte que “las políticas quedarían más sujetas a la visión del gobierno de turno, y no a la del Inta como institución, con su trayectoria y conocimiento del territorio”. La preocupación radica en la capacidad del organismo para tomar decisiones autónomas, esenciales para su funcionamiento a largo plazo y su adaptación a las necesidades productivas del país.
El INTA con 69 años de trayectoria, posee una presencia territorial única, abarcando desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde Buenos Aires hasta Cuyo. Su labor se extiende a todas las cadenas productivas argentinas, incluyendo agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, fruticultura y producción ovina. Sus tres objetivos estratégicos son la competitividad, la productividad de los sistemas y la sostenibilidad ambiental de las producciones.
En Santa Fe, por ejemplo, el Inta trabaja con más de 200 cadenas productivas. La provincia cuenta con la Estación Experimental de Reconquista, enfocada en algodón, ganadería, agricultura y miel; la de Rafaela, con fuerte presencia en la producción lechera; y la de Oliveros, centrada en agricultura y ganadería. Además, las 22 agencias de extensión de la provincia desarrollan investigación aplicada y la transfieren al territorio.
Longo enfatiza que el Inta no se limita a las cadenas productivas principales, sino que está presente en todas las economías regionales, abordando actividades específicas como la producción de legumbres, arroz o algodón en Santa Fe, que se desarrollan en zonas determinadas por factores agrobiológicos y sociales. El organismo acompaña estas particularidades, lo que lo convierte en un actor clave para el desarrollo local.
La defensa del INTA por parte de diversos sectores no es casual. El organismo mantiene un amplio entramado con el sector privado, universidades, el Inti y el Conicet. Su modelo de gestión con participación social, establecido en su ley de creación, es una característica distintiva. Cada agencia de extensión o estación experimental cuenta con un Consejo Local Asesor, integrado por miembros del ámbito privado que validan el trabajo del Inta. Longo resalta que “el conocimiento no se genera de manera individual, se construye en conjunto”, lo que hace que el capital relacional del Inta sea “muy valioso y único”.
Actualmente, el presupuesto del Inta proviene del presupuesto nacional y su concepción fundacional lo establece como un organismo autárquico y descentralizado. Su Consejo Directivo Nacional, integrado por 10 personas (3 del gobierno y 7 del ámbito privado), es el encargado de ejecutar las acciones necesarias en función de los objetivos institucionales. El personal técnico y profesional de carrera es quien lleva adelante estas decisiones.
Los cambios propuestos por el gobierno modificarían drásticamente este funcionamiento. El INTA dejaría de disponer de sus fondos según los criterios de su Consejo Directivo, quedando a merced de una secretaría dependiente del Ministerio de Economía. Además, el Consejo se reduciría de 10 a 8 integrantes, con 4 representantes del gobierno y 4 del sector privado. En caso de empate, el presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, tendría el voto decisivo, lo que eliminaría la autarquía política y económica del Inta.
Longo subraya que el problema no es solo presupuestario: “Necesitamos repensarnos, reestructurarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo”. Sin embargo, la preocupación surge cuando “se definen políticas institucionales sin consenso, las condiciones para llevar adelante nuestra labor cambian drásticamente”. La modificación de la gobernanza institucional podría tener un gran impacto en la capacidad del Inta para responder a las demandas del territorio.
Aunque no hay precisiones, el gobierno ha deslizado la posibilidad de recortes presupuestarios y de personal, incluso con la fusión de algunas estaciones experimentales en estaciones macro-regionales. El director del Inta Santa Fe considera que esta medida no sería positiva, ya que “el INTA no es igual en todos lados”. Existe un INTA a medida de cada región, adaptado a sus necesidades específicas. Un cambio en este modelo, advierte Longo, podría recortar las capacidades de funcionamiento del organismo, generando una profunda preocupación.
La reestructuración del Inta plantea desafíos significativos para el desarrollo productivo del país. Este cambio modifica el modelo histórico de gobernanza del INTA, en donde el Poder Ejecutivo pasaría a tener un peso decisivo en los destinos de la institución.
¿Qué impacto tendrá la pérdida de autarquía en la capacidad del organismo para seguir brindando soluciones a medida para las diversas economías regionales? Según Ariel Pereda, director nacional del INTA, la consecuencia directa de este avance sería que el INTA “dejaría de ser un organismo técnico para ser uno político”, algo que, mirado con perspectivas más allá de lo inmediato, “quedará sujeto a los vaivenes del color político de los gobiernos de turno”.
-Fuente: Rosario 3
-Lectura complementaria: “Irreversible”: el director nacional del INTA hizo un pronóstico inquietante ante la reforma que promovería el Gobierno en el organismo
