La tormenta que se abatió sobre el territorio provincial días atrás generó caídas de árboles, cortes en el suministro de energía, daños al patrimonio urbano de varias localidades y, en gran medida también, a sectores privados de escasos recursos. Estos últimos no sólo sufrieron los avatares de un fenómeno climático; además, en Las Rosas, la tormenta fue también el detonante de graves falencias en numerosas viviendas populares del barrio 27 de Marzo.   Vecinos de este complejo habitacional, consultados por  La Capital, denunciaron se derrumbaron paredes de ladrillos huecos de tapiales o en patios de viviendas, y que los cimientos y cañerías defectuosos de las viviendas contribuyeron a agravar los problemas de hundimiento de pisos, a raíz de lo cual se realizaron intensas e infructuosas gestiones ante representantes de la provincia.

Fecha. Se trata de un barrio de 168 viviendas pensadas como parte de un plan Fonavi que luego fue asumido por la provincia y que se habilitó precisamente el 27 de marzo de 2015, fecha que dio nombre al barrio. Fernando Coll Forales, presidente de la comisión barrial, señaló que “cuando el barrio aún no cumplió un año de inaugurado y habitado, las viviendas ya presentan serias falencias de construcción”.
  El vecinalista atribuyó el hecho a que fueron construidas con apuro “para que estuvieran listas antes de las elecciones”, y así, por ejemplo, las chapas de los techos no fueron debidamente insertadas en los mojinetes de las paredes de material, con lo que se filtran grandes cantidades de agua al interior de las casas cuando llueve. Según indicó el vecinalista, ante el reclamo al intendente Adrián Carletti, que nunca se presentó, y el posterior reclamo a la provincia, esta gestionó ante la constructora, la empresa Sanimat, las reparaciones necesarias “y enviaron a un par de personas que pretendieron arreglar las fallas con dos pomos de sellador Fastix”.

Acusaciones. También el vecinalista de Las Rosas criticó las actitudes de un directivo de la delegación Rosario de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVU), quien ante los reclamos de los pobladores rosenses apeló a términos discriminatorios y los acusó de tener “intencionalidad política”.
  Coll consultó a viejos pobladores de la zona que recuerdan la presencia, años atrás, de cavas rellenas de residuos domiciliarios en el lugar, lo que explicaría la poca consistencia del terreno, los hundimientos de pisos, así como la rotura de cañerías. “Tengo testimonios de vecinos que señalan que en sus terrenos se producen hundimientos y que el agua que los anega arroja burbujas”.
  “No nos interesa ninguna cuestión política, queremos la solución de los problemas”, remarcó. Y destacó que el actual intendente Javier Meyer y las autoridades provinciales recibieron las fotos de los daños a las viviendas.
El barrio consta de 168 casas y para su financiación los vecinos optaron por tres posibles formas de pago: cuotas de 900 pesos mensuales para un plan de 30 años, de 1.100 pesos en 25 años y de 1.300 en 20, y la primera gestión para su construcción se inició en 1996 cuando era intendente Raúl Ponzio.